En
las primeras horas del jueves 7 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida
de Ygnacio López Mendoza. Se trataba del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán,
quien pocos días antes había concluido una huelga de hambre ante el senado de
la república en la Ciudad de México. La manifestación tuvo por objeto exigir
más recursos para los municipios del país en general y para Santa Ana Maya en
particular. Ahora el cuerpo de López Martínez, médico de profesión, aparecía en
su camioneta con huellas de golpes en el rostro, en un lugar cercano a
Acámbaro, en el vecino estado de Guanajuato.
A
lo largo del mismo jueves 7 circuló la versión de que el Dr. López Mendoza
había sufrido un accidente. Pero las autoridades de Guanajuato se encargaron, a
las pocas horas, de hacer notar que el alcalde había sido torturado y
asesinado. El viernes 8, el propio secretario de Gobernación –Miguel Ángel
Osorio Chong- dio por sentada la última versión. ¿Qué había pasado?
Un
médico militante.
De
acuerdo con su curriculum vitae,
López Mendoza nació en el propio Santa Ana Maya en 1952. A partir de la
secundaria, realizó sus estudios en la Ciudad de México hasta obtener el título
de médico cirujano y partero por la UNAM, en 1977. El internado de posgrado lo
había realizado en Celaya, y el servicio social en la comunidad de Atlixtac, en
la montaña de Guerrero. En marzo de 1983 formó parte de la brigada mexicana
“Emiliano Zapata”, enviada a la Nicaragua sandinista para auxiliar al gobierno
revolucionario en sus tareas de asistencia a la población. Fue también fundador
de la escuela preparatoria por cooperación “Melchor Ocampo” en Santa Ana; en
dicho plantel impartió las clases de biología, psicología e historia de México.
Finalmente, instaló un consultorio particular en su lugar de origen. En sus
palabras, el consultorio del Dr. López Mendoza funcionaba “sin intención de
lucrar, sino de proporcionar un servicio profesional”.
Durante
su estancia en Guerrero, López Mendoza conoció a miembros del Partido Comunista
Mexicano (PCM), organización a la cual se afilió. Fue fundador del Comité
Municipal del PCM en Santa Ana Maya, y secretario general del mismo. También lo
fue del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y del Partido Mexicano de
los Trabajadores (PMT), cuando la antigua organización cambió de nombres
durante la década de los ochenta. Finalmente se afilió al Partido de la
Revolución Democrática, y más recientemente –por desacuerdos con la política de
la actual dirigencia del PRD- se pasó a las filas del Partido del Trabajo. El
Dr. López Mendoza formaba parte de la estructura del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA).
López
Mendoza había sido ya presidente municipal en el periodo 1990 – 1992, y
candidato a alcalde y a diputado local y federal en varias ocasiones. Como
puede apreciarse, se trataba de un militante de izquierda que desde el medio
rural de Santa Ana Maya intentaba llevar adelante los proyectos de las diversas
organizaciones a las que perteneció. Por lo que se verá en seguida, al parecer
esa militancia influyó en la penuria económica a la que fue sometido el
municipio en los últimos tiempos.
Un
municipio castigado.
Santa
Ana Maya se encuentra al noroeste de Morelia, ya en las lindes de Guanajuato, cerca
de la zona de Celaya. Contra lo que algunos medios nacionales
han insinuado, no se trata de un municipio de Tierra Caliente –región que, en
el imaginario de dichos medios, parece concentrar todos los problemas del
estado. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Santa Ana cuenta con casi 13 000 habitantes. Sin embargo, el Dr. López
Mendoza declaró en entrevista a Revolución
Tres Punto Cero el 10 de octubre –en el contexto de su huelga de hambre
ante el senado- que “hasta en eso nos roban”. Según él, la población del
municipio ronda ya las 17 000 personas.
El
“rasuramiento” de la población tendría sentido. El Dr. López Mendoza insinuó
que al contar “oficialmente” con menos habitantes, Santa Ana se hacía acreedor
a una cantidad menor de recursos federales. Pero ése no era el único de los
problemas que justificaban la extrema manifestación del médico y alcalde.
En
la entrevista mencionada, así como en otras concedidas a Fernanda Tapia y
Carmen Aristegui, López Mendoza recordó la muy desigual distribución de los
recursos fiscales en el país. De cada peso destinado al presupuesto total,
solamente el cuatro por ciento –cuatro centavos- se destina al nivel de
gobierno municipal. Esto significa que
los 2 445 municipios de México deben repartirse –entre todos- esos
cuatro centavos de cada peso del presupuesto anual. Además, no todos los
municipios se encuentran en condiciones de hacerse de recursos por sus propios
medios con la misma facilidad. Como era de esperarse, aquéllos que cuentan con
50 000 habitantes o menos –municipios rurales e indígenas, claro está- siempre
tienen mayores problemas para recaudar lo que concierne al uso del agua y al
impuesto predial.
Pero
hay más. Quienes sí que están dispuestos a cobrar puntualmente son organismos
tales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y también empresas como TELMEX. No es fácil administrar los
muy escasos recursos cuando instancias como éstas, esenciales para el funcionamiento
de cualquier municipio, no perdonan. Por otra parte, el gasto municipal se
destina mayormente a cubrir meros gastos de nómina –hasta un 70 %. En este
último punto, debe destacarse que una buena parte de los funcionarios que
cobran en un ayuntamiento cualquiera son delegados federales, impuestos en
función de programas que no siempre pueden realizarse. Un absurdo.
En
muy pocas palabras: los municipios en México están sencillamente asfixiados.
Una razón fundamental para llevar a cabo su huelga de hambre la expresó el Dr.
López Mendoza de esta manera: “no pedimos mucho: que suba de 4 % a 10 % el
presupuesto para los municipios”.
En
vista de todo esto, no debiera extrañar la fragilidad institucional que los
municipios –especialmente los más pequeños y pobres- experimentan frente a la
descomunal amenaza del crimen organizado. Esta situación debiera llevar a una
reflexión simple pero importante: ¿tenía razón Felipe Calderón cuando, como
solía hacer, insinuaba que la causa mayor del desorden y la violencia
imperantes en el país recaía precisamente sobre las autoridades municipales?
Sensatamente hablando, ¿podría pedírsele a los gobiernos de lugares como Santa
Ana Maya que enfrentaran al crimen con sus exiguos recursos? La responsabilidad
histórica de Calderón parece cada vez más difícil de ocultar ante datos como
los que proporcionaba el Dr. López Mendoza. Pero no solamente la del
expresidente michoacano.
Por
si fuera poco, habría que añadir el extraño hecho de que ciertos municipios
eran y son “castigados”, al parecer por razones de simpatías y antipatías
políticas. Ricardo Baptista, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades
Locales de México, A.C. (AALMAC), a la cual pertenecía López Mendoza, lo
recordó en entrevista con Carmen Aristegui el viernes 8. Baptista indicó que
hasta 2011, es decir, hasta el último año del gobierno municipal del PRI, Santa
Ana Maya recibía un presupuesto de 49 500 000 pesos. Para 2012 –el primer año
del gobierno del Dr. López Mendoza, afiliado al PT- el presupuesto se redujo en
14 millones de pesos. Y la proyección para el 2013 implicaba, respecto a los 49
millones y medio del 2011, otros 11 millones de pesos menos. En total, se trata
de 25 millones de pesos de los cuales Santa Ana Maya ha dejado de percibir en
los últimos dos años. ¿Acaso sólo por las simpatías del Dr. López Mendoza con
MORENA, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador? Podría ser, pues el
primer recorte todavía podría achacársele al gobierno de Calderón. Pero el
segundo, el de los 11 millones menos para el 2013, es algo que ha ocurrido ya
de lleno en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Una manera de indicarle a la
población que se abstenga de votar por las opciones políticas “equivocadas”?
Pero
aquí no termina la historia. Los 38 500 000 pesos del presupuesto del 2013 para
el municipio de Santa Ana debían repartirse, como se ha indicado ya, en un 70 %
para nómina y el restante 30 % para pagos varios a CONAGUA, CFE, TELMEX, etc…
No queda claro qué tanto podría restar para obra pública y atención en general
a las personas. Si en este panorama más bien escuálido se considera además lo
que había que destinar a extorsiones…
Cobros
no legales de diverso tipo.
Ya
desde febrero de este año el propio Dr. López Mendoza había alertado, en otra
entrevista con Aristegui, de la precaria situación de los municipios más pobres
de México. Y también ya desde entonces añadía el escalofriante detalle relativo
a los cobros que el crimen organizado, pero también “consultores” presuntamente
legales, realizaban a su administración.
Los
“consultores”, al parecer, se presentan en las alcaldías para cobrar por
servicios no pedidos de “gestoría” ante el Congreso de la Unión. Según Ricardo
Baptista, esto ocurre con ocasión de la asignación de los recursos federales.
¿Quiénes son y a cuenta de qué realizan este extraño trabajo? ¿Cómo es que el Congreso
acepta sencillamente su existencia, la cual no aparece contemplada en ninguna
parte del proceso legislativo constitucionalmente normado?
Eso
del lado de una extraña sombra de “legalidad”. Del lado de la ilegalidad pura y
dura, el crimen organizado exige –según revelación de Baptista en la entrevista
antes aludida- un “impuesto” del 10 % por cada obra pública realizada por el
municipio, en casos como el de Santa Ana Maya. Eso, desde luego, encarece los
costos de toda obra que un ayuntamiento decida emprender. Baptista aclaró a
Aristegui la vía que los munícipes deciden seguir en estos casos: de común
acuerdo con las empresas proveedoras, elaboran facturas y documentación con
precios que ya contemplan el “impuesto” al crimen. Ésa es la única manera de
sacar adelante los proyectos. Desde luego, esto equivale a pintar otra raya al
tigre: una ilegalidad fiscal para sobrevivir ante la violencia y la extorsión,
y también ante la indiferencia de las autoridades federales. Por eso el Dr.
López Mendoza decía a su vez que a él lo esperaban “la cárcel o la tumba”. La
cárcel por no tener manera de aclarar ante la secretaría de Hacienda, llegado
el caso, el manejo de las cuentas municipales. Y la tumba… tal vez por hablar.
La
tragedia de un denunciante.
El
11 de febrero de 2013 el Dr. López Mendoza alertó, en su primera entrevista
telefónica con Aristegui, acerca de la situación de los municipios en general y
de Santa Ana Maya en particular. Como consecuencia, según reveló Ricardo
Baptista el viernes 8 de noviembre, el alcalde habría recibido una primera
amenaza grave. Después pasaron los meses, sin que pudiera decirse que el
gobierno federal estuviese tomando cartas efectivas en el asunto. La situación
llevó a López Mendoza a emprender la huelga de hambre que lo colocó en la
escena nacional, del 4 al 22 de octubre y frente a las instalaciones del senado
de la República. Fue por entonces que Carmen Aristegui –de nueva cuenta-,
Fernanda Tapia y Revolución Tres Punto
Cero, entre otros comunicadores y medios, lo entrevistaron para conocer sus
motivos y sus puntos de vista.
El
miércoles 6 el Dr. López Mendoza estaba de nuevo en la Ciudad de México, para
una reunión de la AALMAC. Ésa fue la última vez que Ricardo Baptista, el
director ejecutivo de la asociación, lo vio con vida. Baptista le comentó a
Aristegui un detalle inquietante. No bien había concluido su huelga de hambre y
regresado a Santa Ana Maya, el Dr. López Mendoza recibió una llamada: la voz
del otro lado de la línea le hacía notar que (“ellos”) ya estaban al tanto de
los recursos comprometidos por la federación para el apoyo del municipio, y que
era momento de cobrar el “impuesto” correspondiente a dichos nuevos recursos.
El Dr. López Mendoza habría exclamado ante Baptista: “Pero… ¿quién les dijo?”.
Después…
El mismo miércoles 6, cerca de la media noche, el médico regresaba por fin a
casa. No lo dejaron entrar. Su cuerpo y su camioneta aparecieron en un camino
guanajuatense durante la mañana del jueves. El viernes fue que Osorio Chong
reconoció públicamente que se trataba de un asesinato, desmintiendo desde el
más alto nivel la precaria versión del “accidente”. Horas antes, los familiares
del Dr. López Mendoza confirmaban que la autopsia realizada por las autoridades
de Guanajuato indicaba tortura y muerte por asfixia. El sábado 9 el pueblo de
Santa Ana Maya despedía, conmovido e indignado, a su alcalde.
El
Dr. Ygnacio López Mendoza ahora descansa en el pueblo que lo vio nacer hace 61
años. Es uno de los cerca de 50 presidentes municipales ejecutados desde el
inicio de la sanguinaria guerra de Felipe Calderón, guerra que el gobierno de
Peña Nieto no parece capaz de controlar. Queda en el aire su última pregunta: y los
extorsionadores del crimen organizado… ¿cómo sabían, en pocas horas, de los
acuerdos logrados entre el presidente municipal y el gobierno federal? ¿Hasta
qué nivel de las autoridades de este país llegan los tentáculos y los oídos de
las organizaciones de delincuentes? ¿Es válido seguir concentrando la atención
en la responsabilidad de presidentes municipales y funcionarios de
ayuntamientos básicamente asfixiados e indefensos?
 |
| El Dr. Ygancio López Mendoza durante su huelga de Hambre - Foto: Animal Político |
No hay comentarios:
Publicar un comentario