A un año de la intervención
policíaca en las normales rurales de Tiripetío, Cherán y Arteaga, el conflicto
entre estudiantes y autoridades pareció reeditarse a principios de la semana.
Pero esta vez, en el contexto de la reciente aprobación de las leyes
secundarias de la reforma educativa, la cuestión ha adquirido tintes en los que
vale la pena detenerse con cuidado. Surgen ahora, en octubre de 2013, voces que
se pronuncian con toda claridad por la desaparición de los centros de formación
para los futuros docentes.
Un breve resumen de los hechos. El
sábado 12 jóvenes de la Normal Rural
“Vasco de Quiroga” (Tiripetío) retuvieron alrededor de 14 autobuses; de acuerdo
con sus voceros, los estudiantes demandaban el cumplimiento de acuerdos
relativos al préstamo –por parte del gobierno del Estado- de camiones
destinados al traslado a otras normales del país para participar en diversos
eventos culturales y académicos. Ante el incumplimiento de los presuntos acuerdos,
los normalistas recurrieron a aquella ya conocida táctica. La respuesta de las
autoridades fue un cerco policíaco a las instalaciones de Tiripetío, lo cual –a
un año del 15 de octubre de 2012- no resultaba exactamente tranquilizador.
Durante el domingo 13 y el lunes 14, diversos actores políticos se pronunciaron
en torno a la situación. El Partido de la Revolución Democrática retomó el
discurso del diálogo y el acuerdo. Pero el Partido Acción Nacional –por medio
de su dirigente en el estado- partió plaza
proponiendo el cierre de la normal de Tiripetío. Las razones esgrimidas
tenían que ver con el hecho de que, en la perspectiva del PAN, Tiripetío se ha
convertido en una especie de nido de “delincuentes”.
A la posición de Acción Nacional se
sumó Sarbelio Molina, antiguo dirigente magisterial y ahora diputado local por
Nueva Alianza. El legislador aludió al hecho de que la demanda profesoral está
relativamente cubierta en el estado. Y apuntó, tal vez involuntariamente, a uno
de los núcleos del problema general: en el marco de la reforma educativa
impulsada por Enrique Peña Nieto, se espera una oferta de tan solo 100 puestos
de trabajo nuevos en el rubro. Esto implicaría que más de mil egresados de las
normales estatales quedarían, inevitablemente, fuera del proceso de selección
contemplado ahora en la Constitución, en la Ley General de Educación, en la Ley
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en la Ley General
del Servicio Profesional Docente. Sobre este detalle habrá que volver más
adelante.
Molina, sin embargo, matizó al
hablar de un cierre temporal de las normales, “por dos o tres ciclos”. Mientras
tanto, estudiantes de la Escuela Normal Superior y de la Normal de Educadoras
marcharon el mismo día lunes por el centro de Morelia, en demanda de una
audiencia con representantes del gobierno. Aunque aclararon que su movilización
era independiente de la de Tiripetío, los voceros de los jóvenes señalaron que
mantendrían comunicación con sus compañeros de la “Vasco de Quiroga”. Y enfatizaron
que el motivo de la marcha tenía que ver con demandas de infraestructura,
recursos económicos en general y regularización del personal docente. En algún
caso, según se dijo, hacía falta a estas alturas asignar profesores para
impartirles clases.
La tensión aumentó el martes 15. Los
estudiantes de Tiripetío fueron esta vez quienes marcharon por la ciudad,
provocando el cierre de establecimientos comerciales del centro histórico y,
según versiones, algunos daños físicos. La intención era conmemorar la
intervención policíaca del año pasado. En respuesta el secretario de gobierno
Jaime Mares advirtió de la existencia de averiguaciones previas por presuntos
delitos, presentadas por los dueños de las líneas de transporte. Por otra
parte, el funcionario invitó a los morelianos a ofrecer evidencias fotográficas
o de algún otro tipo para integrar otras averiguaciones, dirigidas ahora a
perseguir delitos por daño patrimonial en la ciudad. Mientras tanto, la central
de autobuses de la capital michoacana interrumpió por algunas horas su
servicio.
El miércoles 16 las cosas llegaron a
su punto culminante. El gobernador Jesús Reyna, en persona, habló de “recuperar
el control” de las normales e incluso advirtió acerca de un eventual cierre,
esta vez por el plazo de un año. Los estudiantes respondieron horas más tarde
indicando que no cederían a la presión. Sin embargo, en las últimas horas del
día fueron liberados los autobuses retenidos. Mientras tanto, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos entró en el debate, pronunciándose… por la
aplicación del estado de derecho. Así, los bandos en disputa implicaban por una
parte a normalistas tanto rurales como urbanos, y por la otra al PAN, a Nueva
Alianza, al gobierno del estado y a la propia CEDH. El PRD mantenía su postura
conciliadora, si bien de manera tibia.
A partir del jueves, las cosas entraron
en una fase de aparente calma. Sin embargo, las cuestiones de fondo siguen
presentes y es momento de prestarles la atención debida. En primer lugar, los
normalistas –especialmente los de Tiripetío- recurren a las viejas tácticas que
generan con cierta facilidad el rechazo de otros sectores. Cabe preguntar si
tiene sentido mantener esas formas de lucha en favor de demandas que, como se
verá en seguida, tienen un fondo de legitimidad al cual habría que atender.
Pero es claro que la toma de camiones y las manifestaciones que amenazan con
salirse de control propician un clima favorable a la represión directa, que a
su vez buscaría legitimarse en las demandas de empresarios y comerciantes, pero
también de la población moreliana en general. Y es que esta última, por una
parte, ve afectada sus actividades cotidianas por los cierres de calles y el
miedo que flota en la ciudad cuando los helicópteros de la policía la
sobrevuelan y por las avenidas transitan tantos muchachos gritando consignas.
Pero por otro lado, esa misma población moreliana es un blanco bastante fácil
para la manipulación mediática que, en estos tiempos de vuelta del PRI al
poder, se deja sentir con fuerza en la radio, la televisión y la prensa locales
–incluso más que en los nacionales.
Cabría preguntar, pero eso tendrían
que responderlo los mismos normalistas, si su apuesta política pasa sólo por la
alianza de sectores no urbanos. A pesar del silencio de los medios, es un hecho
que los normalistas cuentan con el apoyo de algunas comunidades rurales en
donde realizan un trabajo social importante del cual poco se habla. ¿Se trata
de una estrategia que terminaría por enfrentar al campo con la ciudad? Si es
así, convendría llamar a la reflexión y hacer notar que una alianza más amplia,
que incluyera a las clases bajas y medias de las ciudades, conduciría a la
adquisición de una fuerza política bastante considerable, capaz de alcanzar
importantes objetivos por vías no violentas. Pero por lo pronto, el
enfrentamiento con los habitantes de la ciudad favorece a la táctica del desprestigio
orquestada seguramente desde el gobierno y expresada en buena parte de los
medios de comunicación.
Pero ahora hay que tocar los temas
estructurales y más graves. El marco de las reformas en materia de educación
arrastra una consecuencia gravísima. En
pleno inicio del siglo XXI, hay muchos jóvenes en el medio rural –y, en menor
proporción, en el urbano- que siguen viendo en la carrera magisterial la única
vía para intentar ascender socialmente a partir de condiciones más bien
desesperadas. Está eso, o la cada vez más complicada migración hacia el norte,
o el ingreso a las filas de la delincuencia. Y no mucho más. Si fuera cierto
–cosa la cual no queda clara- que la demanda de nuevos profesores ha disminuido
en el país y en Michoacán, la medida razonable por parte de cualquier gobierno
sería procurar las condiciones de justicia que impidieran la concentración de
jóvenes en un solo ámbito profesional. Por desgracia, tal como se ha
implementado, la reforma educativa de Peña Nieto cierra oportunidades de
trabajo sin preocuparse por crear alternativas. Y no debe perderse de vista,
hay que repetirlo, que no queda claro si efectivamente la demanda de profesores
es menor hoy día que antes –como sostiene el diputado Molina.
En otras palabras. El problema de
las normales –sobre todo en el ámbito rural- tiene raíces tan profundas en la
economía y la sociedad mexicanas que debe tomársele como un síntoma de
dificultades que deben ser atendidas con urgencia. ¿Quién, que lo piense
serenamente, podrá culpar a los jóvenes de llegar a extremos desesperados
cuando la vida en su propio país no les ofrece mucho más? Al margen de la
calidad y la moralidad de los líderes, un tema al cual parece volverse cada vez
que se toca la cuestión, hay que considerar que ningún dirigente espurio –en el
caso de que los hubiera- prosperaría en un país más justo y equitativo. El
problema de las normales rurales está, en realidad, mucho más allá de las
normales. Está en el país mismo y en las condiciones que le impone a los
jóvenes más desfavorecidos… que son muchos.
El gobierno es quien carga con la
principal responsabilidad, en tanto que a él conciernen las políticas públicas
que tendrían que atacar aquellas raíces. Pero por lo visto esta semana en
Michoacán, pareciera que la apuesta es por la represión legitimada por un
presunto deseo social de orden y paz. Sin embargo, no hay que perder de vista
que no es toda la sociedad, sino sólo los sectores urbanos y ciertos políticos
profesionales, quienes entran en el juego del linchamiento mediático. El error
de cálculo puede resultar muy caro: el cierre de las normales equivaldría, en
última instancia, a tapar la válvula por la que escapa buena parte de la
presión de la olla a punto de estallar. Y es la olla la que debe enfriarse.
