Entre
el 9 y el 16 de marzo de 2012, los acontecimientos relacionados con la Escuela
Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío pusieron a prueba la capacidad de
la política para dar cauce a las demandas de los diferentes sectores de la
población. Pero también convocaron a los viejos fantasmas que rondan nuestra
historia.
Del
lado de la izquierda que podría llamarse “social”, distinta a la partidista, el
fantasma de la confrontación violenta sin esperanzas de éxito flotó sobre la
Escuela Normal que hereda la tradición del
primer centro universitario del continente. A través de las protestas de los
jóvenes estudiantes hablaron de nuevo las voces de la pobreza del campo,
algunos de cuyos hijos e hijas encuentran aún en la carrera magisterial una
frágil promesa de ascenso social y económico. Pero esas demandas no hallaron la
manera de vincularse con las de los habitantes de la ciudad; por el contrario,
la confrontación entre la Normal y las autoridades se convirtió por momentos en
un choque de intereses entre los estudiantes y los trabajadores urbanos que
fueron afectados directamente por aquéllos. Además, se estuvo a minutos de un
desenlace sangriento del cual los mismos normalistas serían indudablemente las
primeras víctimas.
Pero
si esto puede decirse de los manifestantes, mucho más grande es el peso que
recae sobre los hombros de las autoridades. El nuevo gobierno estatal mostró
primero su incapacidad para hacer frente a viejos problemas; después, se
encontró sencillamente rebasado por las circunstancias. El fantasma de la
represión violenta, efectuada por medios particularmente duros, también flotó
sobre la carretera Morelia – Pátzcuaro. Pero más allá del poco honroso papel
reservado a Fausto Vallejo y sus funcionarios, queda también la duda acerca del
alcance de la participación del gobierno federal en los eventos. La presencia
de la Policía Federal y del propio ejército en las inmediaciones de Tiripetío
arroja dudas razonables acerca de quién o quiénes estaban efectivamente al frente
de una operación que, de haberse consumado, terminaría con la ocupación del
centro de estudios tras un combate desigual.
Y,
por si fuera poco, otros espectros aparecieron en aquellos días. Algunos medios
de comunicación y cierta parte de la sociedad contribuyeron a crear un ambiente
que justificaría, en su caso, la acción policíaca y militar que por fortuna no
llegó a realizarse. La sociedad fragmentada por la crisis de la economía y de
la política se dividió aún más, acercando la tensión al punto de la ruptura. No
cuesta trabajo imaginar que varios habrían aplaudido las terribles
consecuencias de la decisión que no llegó. La incapacidad de muchos sectores
urbanos para entender que la autoridad debe ejercerse de acuerdo con las
disposiciones legales y nunca al margen de ellas es uno de los signos más
preocupantes de los días pasados. El aprecio por el arte de la buena política,
en todo esto, brilla por su ausencia.
II. NORMALISTAS. LOS MEDIOS Y LOS FINES.
Luchas ambivalentes.
Desde
hace años, los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” han
efectuado acciones polémicas en defensa de lo que ellos y ellas consideran sus
derechos. Alguna ha derivado en violencia pura y dura. ¿Qué tanta legitimidad
conservan esas acciones cuando los medios elegidos ponen en riesgo la seguridad
y la integridad personal de todo mundo, comenzando por los propios normalistas?
Muchas
veces se olvida, al juzgar a los alumnos y alumnas de Tiripetío, que las
condiciones de pobreza y desigualdad del país son escandalosas. No debe
perderse de vista que muchas familias del campo, el sector más desdichado de la
historia de México, miran con esperanza el que un hijo o hija se inscriba en
las filas del magisterio. ¿Por qué? Porque el sueldo seguro y las prestaciones
aparejadas a dicha carrera constituyen toda una promesa no sólo para el joven o
la muchacha, sino para la familia entera. Eso explica el atractivo que las
normales rurales ejercen sobre una parte de la población que permanece
invisible para las clases medias y olvidada para los gobernantes.
Pero
hay algo más: la educación, a pesar de todo lo que se diga, sigue siendo la
gran asignatura pendiente de un país que lleva doscientos años sin conseguir
siquiera aproximarse a condiciones de justicia social y equidad. Quienes abogan
por la desaparición de las normales rurales –porque hay quien lo hace
abiertamente- no parecen tomar en cuenta que de ahí surgen los profesores y
profesoras que en principio están destinados a los rincones más necesitados del
país. Desde luego, esto no significa que las normales rurales -al igual que todo el sistema educativo- no
deban someterse a profundas revisiones y reformas. Pero esas revisiones y esas
reformas no pueden realizarse sin atender a las condiciones del campo. Las
tensiones sociales que derivan, por ejemplo, en el auge del crimen organizado,
se explican en buena medida por la increíble capacidad de los sectores medios y
altos para ignorar el tipo de realidad que los circunda, y especialmente por la
negligencia y la inoperancia de quienes detentan el poder político.
Sin
embargo, la pregunta ahora es si la legitimidad de fondo que acompaña a quienes
desean sencillamente una mejoría en sus condiciones de vida los autoriza para
elegir medios de lucha que los enfrentan a otros sectores de la sociedad que
también son desfavorecidos –como quienes se ven afectados por un bloqueo
carretero o por un plantón en las calles de Morelia. Y más todavía: ¿cuál es el
objeto de apropiarse, no se diga de unidades de transporte, sino de pipas de
combustible que pueden provocar una tragedia tan solo con ser manejadas de
manera inadecuada, sin pensar en lo que ocurriría en medio de un
enfrentamiento? No vale la pena poner en riesgo a otras personas;
definitivamente no vale la pena arriesgar la propia vida en aras de una serie
de demandas que tendrían que defenderse pero no a ese precio.
Por
otra parte, los jóvenes normalistas no debieran olvidar que una cosa son las
legítimas necesidades de la educación y otra cosa el juego de intereses en
medio del cual suelen verse involucrados. Las decisiones tomadas en vista de
una coyuntura –el cambio de gobierno en Michoacán- tendrían que contemplar,
desde luego, cualquier tipo de compromiso asumido por la autoridad sin importar
el color partidista que ocupe el poder ejecutivo. Pero también tendrían que
considerar que, en medio del estira y afloja de facciones de diversa
naturaleza, la Normal de Tiripetío corre el riesgo de convertirse en la moneda
de cambio que permita a grupos antagónicos llegar a acuerdos entre ellos. Y no
debe descartarse la terrible posibilidad de que un gobierno cuestionado en su
origen y frágil en su posición frente al poder federal y frente a sus propios
gobernados ofrezca la cabeza de los normalistas como prueba de su “decisión”
para aplicar lo que a veces se llama “estado de derecho”. Respecto a esta
última posibilidad, habrá que decir que la historia tal vez apenas comienza.
Normal Rural "Vasco de Quiroga". Foto: Contralínea.
¿El campo contra la ciudad?
Más
allá de los eventos de la semana que corrió del 9 al 16 de marzo, los
estudiantes de Tiripetío tienen ante sí un problema político de alcances
estructurales. Al menos en el discurso, ellos y ellas hablan de la defensa de
la educación pública e incluso entran en confrontación directa no solamente con
un gobierno en particular sino con la manera de operar del estado mexicano.
Éstas son definitivamente demandas de alcance general que apuntan hacia
condiciones de justicia que tendrían que beneficiar a la población íntegra, y no
sólo a los habitantes de las zonas rurales. Claro está que, en los hechos, lo
que suele negociarse a final de cuentas son demandas mucho muy específicas
relativas al presupuesto de la Normal misma o a cosas parecidas. Al margen de
la calidad moral de los dirigentes –factor
que no es el punto clave de la cuestión- lo que puede inferirse es que la
Normal sencillamente lucha por su supervivencia cotidiana. Pero el discurso
general de los jóvenes estudiantes está ahí, y habla de justicia social más
allá de las carencias y adversidades que haya que enfrentar en un momento
determinado u otro.
El
problema estructural es el siguiente: ¿hay o no manera de articular las
demandas del campo –encarnadas en los estudiantes que buscan una vida mejor-
con las de los habitantes de la ciudad, muchos de los cuales son igualmente
olvidados por las decisiones de gobierno? Aquí, el permanente as bajo la manga
de las autoridades es el descontento que la población urbana suele experimentar
ante las acciones emprendidas por los normalistas. Así, la confrontación con el
gobierno se disuelve muchas veces en el enfrentamiento de los pobres del campo
con los pobres y las clases medias de la ciudad. En el caso de los eventos
recientes, es altamente preocupante constatar que para más de un moreliano el
gobierno debía tomar la Normal y acabar de una buena vez con una historia de
suspicacia y resentimiento respecto a quienes ocupan las calles y provocan
trastornos que afectan a los grandes comerciantes, pero también a los medianos
profesionistas y hasta a los trabajadores más humildes de una ciudad que vive
de su imagen turística. No debe ignorarse el hecho de que un ambiente favorable
a la represión puede ser justamente lo que las autoridades requieren para
buscar la legitimación de acciones que no debieran tenerla bajo circunstancia
alguna. Y ese ambiente, respecto a la Normal “Vasco de Quiroga”, es algo que no
necesita demasiado para aparecer.
En
pocas palabras: las demandas generales de los estudiantes no tendrían por qué
entrar en choque con las demandas que de cualquier manera tienen también los
habitantes del ámbito urbano. Los medios de lucha, en este sentido, se vuelven
tan importantes como los fines. Los jóvenes parecen buscar apoyo entre el resto
de la población y seguramente lo necesitan.
III. LA FUERZA DEL ESTADO.
Ars política.
Pero
cualquier cosa que pueda reprocharse a los estudiantes en sus acciones de
protesta palidece ante lo que las autoridades –estatales y federales- enfrentan
como responsabilidad ineludible. En un estado democrático legalmente constituido,
los gobernantes sin duda disponen del monopolio de la fuerza como el último
recurso para solucionar situaciones que pongan en riesgo a la sociedad. Las
palabras clave en esta aserción son “último recurso” y “situaciones que pongan
en riesgo a la sociedad”. Habrá que valorar qué tipo de riesgo enfrentaba la
sociedad michoacana durante los días en cuestión, y también si el gobierno se
encontraba efectivamente ante las condiciones que lo orillaran a echar mano de
un recurso extremo.
Los
medios de comunicación debían dar cuenta, como lo hicieron, de la suspensión de
las corridas de autobuses. Pero prácticamente nadie volvió la vista –más que
oblicuamente, si acaso- al problema que provocó la reacción de los estudiantes.
El desafortunado encuentro entre éstos y los responsables de la Secretaría de
Educación estatal delata que el nuevo gobierno no parece distinguirse
precisamente por su capacidad para enfrentar problemas que tendrían que
resolverse por medio de la transparencia y la adecuada administración de los
recursos. Nadie le regatearía el mérito a ese gobierno si hubiese conseguido
hacer su trabajo con claridad y con eficacia desde el primer momento, y ese
trabajo consistía en revisar respetuosamente las demandas más puntuales de la
Normal. No ocurrió así, y el resto se convirtió en una espiral incontrolable.
Una
vez cometido el error inicial, el gobierno de Vallejo pareció debatirse acerca
de la manera de atender la coyuntura. Las declaraciones de la titular de la
SEE, del secretario de gobierno y del propio gobernador fueron un tanto
erráticas, y por momentos no quedaba claro qué era exactamente lo que se estaba
haciendo para destrabar la situación. Este desconcierto es menos preocupante,
sin embargo, que la manera en que comenzó a entenderse a la altura del martes
en la tarde la idea del ejercicio de la autoridad: presionado tal vez por los
medios y por una parte de la opinión pública, pero sobre todo enredado en su
propia inoperancia, el gobierno comenzó a coquetear con la idea de acabar de una
buena vez con la Normal “Vasco de Quiroga”. La radicalización de las tácticas
de los estudiantes a duras penas se corresponde con la decisión de enviar a
Tiripetío no solamente al Grupo de Operaciones Especiales, sino a efectivos de
la Policía Estatal Preventiva con sus armas de cargo. La tragedia estaba en
ciernes, y la política como resolución de conflictos suscitados en la sociedad
brillaba por su ausencia.
Ni
siquiera habría sido noticia de primera plana el hecho de que las autoridades
educativas iniciaran su gestión con una serie de mesas de diálogo. Pero todo
salió mal y muy pronto se rebasó el ámbito de los problemas de la educación: en
unas cuantas horas, el poder político mostró que tampoco la secretaría de gobierno
era capaz de mitigar un conflicto que nunca tuvo por qué existir. Tal vez,
habrá que decirlo, fue la disidencia magisterial la que hizo el trabajo que
correspondería a los profesionales de la política.
La tentación de la sangre.
El
signo más preocupante, y el más negro de nuestros fantasmas, fue la tentación
de usar la fuerza pública de manera perfectamente impropia para el caso. Sin
excusar en momento alguno la retención de autobuses y demás, y suponiendo
incluso que la acción política hubiese fracasado de cualquier manera –cosa que
es justamente lo que está en cuestión- debe medirse con cuidado la respuesta
policíaca ofrecida para un problema que en el fondo es político y social. En el
peor de los escenarios, el gobierno pudo pensar en enviar a la fuerza que se
supone especialmente capacitada para lidiar con grupos de descontentos que
incurren en excesos: el Grupo de Operaciones Especiales. Pero, como se ha
visto, el GOE constituyó tan sólo una parte de las fuerzas que rodearon la
normal el miércoles 14 de marzo.
Enviar
a la Policía Estatal Preventiva y, por lo que se sabe, a agentes de la Policía
Ministerial –dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado- es
ya bastante cuestionable. Pero las imágenes recogidas en la prensa indican no
sólo la presencia de este tipo de agentes, sino que cargaban con los rifles AR
– 15 reglamentarios cual si de un operativo en contra de peligrosos
delincuentes armados se tratase. Los responsables de la decisión de enviar a
estos otros cuerpos policíacos a Tiripetío deberían saber que, en medio de un
eventual choque, alguien puede ponerse nervioso y utilizar su arma en contra de
los protestantes, de quienes hasta el momento se sabe que a lo mucho contaban
con colchones como barricadas inflamables y no mucho más que eso. El elemental
respeto a los derechos humanos debiera disuadir de semejante idea.
Pero
en Tiripetío estaba además el helicóptero que rondaba en el aire y, lo más
grave de todo, las fuerzas federales. Jesús Reyna habló de un operativo
conjunto con la PF, que nunca se encontró plenamente justificado. Pero ya el
viernes, en la entrevista con López Dóriga, Fausto Vallejo mencionó también al
ejército. De nueva cuenta, las imágenes de la prensa muestran al menos a los
miembros de la Policía Federal con sus rifles de cargo en las inmediaciones.
¿Qué era exactamente lo que se suponía que estas fuerzas tenían que hacer ahí,
en caso de que se diera la orden de entrar a la Normal? Por lo que se sabe, el
“riesgo” mayor que enfrentaba la sociedad en ese momento era que las corridas
de autobuses no se reanudaran prontamente. Un asunto problemático y grave, pero
sin duda no al punto de sitiar a unos muchachos –varios de ellos adolescentes-
por aire y tierra. Si estos detalles se suman al equívoco proceder del gobierno
del estado, no está de más preguntarse acerca de quién estaba al mando de la
operación policíaca… y militar.
El
antecedente de la Autopista del Sol en Acapulco, donde la Policía Federal jugó
también su papel, está ahí para interrogarse si el gobierno federal no estará
tentado por la sangre en aras de algún tipo de legitimación –de la cual parece
encontrarse urgido ante el fracaso de la lucha contra el crimen organizado. Es
una tentación que no se justificará nunca. Los problemas de un gobierno no
valen la sangre de nadie.
