Los tentáculos: ¿hasta dónde?

            Luisa María Calderón, senadora por Michoacán y antigua candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de aquel estado, estremeció a la opinión pública el pasado 21 de noviembre. Fue ese día que reveló datos y detalles acerca de una presunta reunión entre miembros de Los Caballeros Templarios y un grupo de legisladores en el propio Senado de la República. La extraña comitiva recibida por Cocoa, Omar Fayad Meneses, Raúl Morón y Rocío Pineda Gochi –tal vez entre otros- se habría identificado como parte de la asociación “Michoacanos, paz y dignidad”. Dicha asociación, de acuerdo con Cocoa -pero también con otras voces, como el sitio de Facebook “Valor por Michoacán”- estaría vinculada a aquella mafia. La reunión habría ocurrido el día 17 de octubre.

            La respuesta vino por donde no se le esperaba: el miércoles 27, mediante un video en el sitio YouTube, Servando Gómez La Tuta, líder de los Templarios, aseguró que fue más bien un representante de Luisa María Calderón quien intentó negociar con ellos en 2011. Según La Tuta, un hombre llamado Francisco Girón del Toro habría sido el negociador nombrado por la entonces candidata del PAN. El dirigente templario lo habría despachado sin acuerdo alguno. El detalle que viene al caso es que La Tuta afirma ahí que fue Cocoa y nadie más quien procuró el apoyo de los mafiosos.

            La réplica de Cocoa y del PAN sólo requirió unas cuantas horas. Esa misma tarde el presidente del partido y la senadora declararon en rueda de prensa que el video de YouTube debía interpretarse como una amenaza, y que contenía datos de los cuales tendrían que tomar nota las autoridades competentes. En fin, toda esta historia es sólo el último eslabón de una serie de hechos inquietantes que llevan a preguntarse acerca de los alcances de los tentáculos del crimen organizado en Michoacán y en México entero. ¿Hasta dónde llega la capacidad de infiltración de los delincuentes? ¿Qué autoridades o políticos se han visto involucrados realmente con ellos? ¿Cómo puede esperarse que esas autoridades combatan eficazmente a quienes tal vez sean sus propios aliados? La clase política de Michoacán –y de México- es la que debe aclarar estas interrogantes mediante acciones que restauren la confianza en las instituciones, y no ya con discursos y declaraciones a la prensa. Pero, ¿cabe esperar semejante cosa, al menos en el futuro próximo?

Reuniones en la sierra.

            Entre el 19 y el 22 de noviembre, Ciro Gómez Leyva publicó en Milenio una serie de artículos basados en un informe de inteligencia hecho llegar al secretario de Seguridad Pública de Michoacán. En él se relataría que un grupo de miembros del Partido Revolucionario Institucional se habría reunido, poco antes del inicio de las campañas electorales de 2011, con parte de la plana mayor de Los Caballeros Templarios. La reunión habría tenido lugar en Tumbiscatío, y más precisamente en un rancho de la serranía. Y el grupo de priístas habría sido encabezado ni más ni menos que por Jesús Reyna, entonces prospecto para coordinar la campaña –eventualmente victoriosa- de Fausto Vallejo y actual secretario de Gobierno, así como gobernador interino durante cerca de nueve meses en el 2013.

            Del lado de los Templarios habría asistido Saúl Solís El Lince, detenido hacia finales del mismo 2011, así como el presuntamente difunto Nazario Moreno El Chayo, El Doctor o El Más Loco, y La Tuta en persona. Según los artículos de Gómez Leyva, el tema de la reunión habría sido el apoyo que los “Templarios” brindarían a la campaña de Fausto Vallejo. Las negociaciones habrían continuado en octubre de ese año, ya con la campaña en marcha. Alguno de los acuerdos de la reunión consistiría en que Reyna ocupase la Secretaría de Gobierno… y eventualmente la gubernatura, en caso de ausencia de Vallejo.

            Como era de esperarse, las notas de Milenio recibieron el correspondiente desmentido por parte del antiguo titular de Seguridad Pública en Michoacán, Elías Álvarez, y también –indirectamente- por parte de Jesús Reyna, nuevamente secretario de Gobierno ante el regreso de Vallejo al poder. Pero a duras penas se apagaba el revuelo cuando Cocoa daba a conocer la insólita reunión en el Senado. Eso coloca en perspectiva el video de La Tuta. ¿Por qué el interés de los Templarios por entrar en la liza y enfatizar que sólo Cocoa los buscó en el 2011?

Mantas en los puentes

            El sitio electrónico  Changoonga tomó nota de ese detalle y encontró en sus archivos un reportaje del 29 de noviembre de 2012. El reportaje en cuestión informaba acerca de la aparición de “narcomantas” en Zitácuaro, Morelia y Salamanca (Guanajuato), las cuales estaban firmadas por “Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana”, y dirigidas… ¡a Fausto Vallejo, ya para entonces gobernador! En las mantas se recordaba el apoyo que la organización criminal habría prestado a la campaña de Vallejo, y se reclamaría –en el ambiguo tono “amistoso” característico de los Templarios- la falta de cumplimiento de los acuerdos… ¿de cuáles acuerdos?

            La Tuta no recordó ese evento al hablar del presunto encuentro con el enviado de Luisa María Calderón. Por desgracia, la nota de hace un año guarda una coherencia inquietante con el informe –desmentido y todo- que diera a conocer Gómez Leyva en Milenio hace unos días. ¿Qué pueden hacer las autoridades actuales de Michoacán para deslindarse de semejante situación? La pregunta queda en el aire.

            Pero el mensaje de las “narcomantas” del 2012 incluye otras afirmaciones peligrosas. Entre los temas que se le recuerdan al destinatario Vallejo, está la colusión de los grupos delincuenciales –primero La Familia y después los propios Templarios- con lo que ahí se llama “las últimas tres generaciones de gobernantes”. Esa expresión, también bastante ambigua, podría referirse a las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y la del propio Fausto, o bien a las de Víctor Manuel Tinoco Rubí, la de Cárdenas y la de Godoy. En todo caso, hay dos gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuya complicidad se insinúa –el de Cárdenas y el de Godoy. Con esto, a la luz de la tormenta  de acusaciones de los últimos días de este noviembre, resultaría que la clase política entera está enredada en el asunto… al menos a nivel de los dimes y diretes. 

El pasado que aún golpea

            En las ediciones de Proceso del 3 y el 10 de noviembre, la valiente reportera Anabel Hernández hizo un recuento de acontecimientos a partir de 2002. Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), inédito hasta ese momento, daría cuenta de una reunión más, esta vez entre catorce presidentes municipales michoacanos electos para el periodo 2008 – 2011 y la delincuencia organizada. La reunión habría tenido como objeto el cobro de favores realizados durante las –entonces- recientes campañas.

            Pero el informe abarca otros hechos. Los antecedentes de la actual situación se remontarían, como se ha dicho ya, hasta el 2002 –año del inicio del gobierno de Cárdenas Batel. Fue a partir de entonces que el territorio michoacano se convirtió en campo de batalla entre escisiones del Cártel del Golfo, y específicamente entre el grupo local La Empresa y los tristemente célebres Zetas. Más adelante, en el 2006, La Empresa se convirtió en La Familia Michoacana, una organización caracterizada –siempre según el informe de la PGR- por su capacidad de establecer redes de protección en las cuales se involucrarían autoridades de los niveles estatal y municipal. Todavía más adelante, la capacidad de cooptación de La Familia sería heredada por Los Caballeros Templarios, surgidos como la escisión mayoritaria del antiguo cártel en 2011 –año del inicio del gobierno de Fausto Vallejo. El panorama no luce alentador para  Michoacán, pues pareciera que no hay partido político que esté libre de sospecha.

            La triste conclusión es que las autoridades locales no tienen, sencillamente, capacidad de acción ante grupos que, al menos por lo que parece, habrían encontrado la manera de meterse por todos lados. Pero entonces, ¿cabría esperar que la solución provenga del gobierno federal? Esta parte de la historia también es recordada por Anabel Hernández.

            Ya en su libro Los señores del narco (Grijalbo – Mondadori, 2010), Hernández daba cuenta de las fuertes sospechas que se cernían ni más ni menos que sobre el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Pero en el reportaje del 10 de noviembre el abanico de sospechas a nivel federal se vuelve más amplio. Ahí se habla de cómo un legislador (que prefirió guardar el anonimato) entregó en 2006 a José Luis Santiago Vasconcelos un documento elaborado por ciudadanos michoacanos ya entonces desesperados. Santiago Vasconcelos era el titular de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y murió tres años más tarde: él viajaba en el avión de Juan Camilo Mouriño, el segundo secretario de Gobernación de Calderón.

            ¿Qué contenía el documento? Ni más ni menos que información acerca de domicilios y hasta teléfonos de miembros de la delincuencia organizada en Michoacán. Por ejemplo, se hablaba ahí de las casas de seguridad del Chayo Moreno en Morelia, algunas de ellas situadas en exclusivos fraccionamientos residenciales. También se daba cuenta de los inmuebles de La Tuta en la población de Arteaga. Y varios otros datos que al menos merecían una investigación preliminar. Santiago Vasconcelos, quien luego sería conspicuo rival de García Luna en el sexenio calderonista, se negó a recibir el texto. La pregunta es, desde luego, por qué. Anabel Hernández sencillamente añade la inferencia obvia: si se hubiese prestado atención al documento de aquel entonces, se habría evitado en parte la situación que actualmente azota al estado.

            La actitud de Santiago Vasconcelos, así como las sospechas sobre García Luna –que merecen una exposición aparte- arrojan sombras al más alto nivel. Ciertamente tendría que reconocerse que Hernández y el anónimo legislador que le sirve de fuente tienen razón: una acción preventiva en el 2006 –todavía durante el gobierno de Vicente Fox- habría influido en algún sentido, acaso favorable, sobre el destino de Michoacán y del país. Pero eso no ocurrió. El problema es que el panorama que se sigue de todo esto es tenebroso: voltear a ver a la autoridad federal no tiene por qué resultar una esperanza para los habitantes del sufrido estado. Y la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, ha seguido hasta ahora una “estrategia” más parecida a la del avestruz que oculta la cabeza que a otra cosa.

            No será fácil restaurar la confianza en la clase política después de todo esto. Basta el ambiente generalizado de sospecha para poner en entredicho cualquier cosa que los miembros de los partidos –o los gobernantes en general- declaren o hagan. El problema de la delincuencia y la violencia en Michoacán parece cada vez más un asunto de cirugía mayor. Pero, al parecer, tendría que ser el propio Estado mexicano el que se someta a ella, no sólo tal o tal municipio o tal o tal entidad federativa. 

 Las notas en la prensa mexicana:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/11/27/cocoa-calderon-fue-la-unica-que-se-acerco-narcotraficante-la-tuta-859.html

http://www.sinembargo.mx/19-11-2013/819783

http://www.milenio.com/firmas/ciro_gomez_leyva/Gordito-va-colamos-interinos_18_194560585.html

http://www.changoonga.com/michoacan/caballeros-templarios-reclaman-a-fausto-vallejo/

Ygnacio López Mendoza: denunciar se paga con la muerte

            En las primeras horas del jueves 7 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de Ygnacio López Mendoza. Se trataba del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, quien pocos días antes había concluido una huelga de hambre ante el senado de la república en la Ciudad de México. La manifestación tuvo por objeto exigir más recursos para los municipios del país en general y para Santa Ana Maya en particular. Ahora el cuerpo de López Martínez, médico de profesión, aparecía en su camioneta con huellas de golpes en el rostro, en un lugar cercano a Acámbaro, en el vecino estado de Guanajuato.

            A lo largo del mismo jueves 7 circuló la versión de que el Dr. López Mendoza había sufrido un accidente. Pero las autoridades de Guanajuato se encargaron, a las pocas horas, de hacer notar que el alcalde había sido torturado y asesinado. El viernes 8, el propio secretario de Gobernación –Miguel Ángel Osorio Chong- dio por sentada la última versión. ¿Qué había pasado?

Un médico militante.

            De acuerdo con su curriculum vitae, López Mendoza nació en el propio Santa Ana Maya en 1952. A partir de la secundaria, realizó sus estudios en la Ciudad de México hasta obtener el título de médico cirujano y partero por la UNAM, en 1977. El internado de posgrado lo había realizado en Celaya, y el servicio social en la comunidad de Atlixtac, en la montaña de Guerrero. En marzo de 1983 formó parte de la brigada mexicana “Emiliano Zapata”, enviada a la Nicaragua sandinista para auxiliar al gobierno revolucionario en sus tareas de asistencia a la población. Fue también fundador de la escuela preparatoria por cooperación “Melchor Ocampo” en Santa Ana; en dicho plantel impartió las clases de biología, psicología e historia de México. Finalmente, instaló un consultorio particular en su lugar de origen. En sus palabras, el consultorio del Dr. López Mendoza funcionaba “sin intención de lucrar, sino de proporcionar un servicio profesional”.

            Durante su estancia en Guerrero, López Mendoza conoció a miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM), organización a la cual se afilió. Fue fundador del Comité Municipal del PCM en Santa Ana Maya, y secretario general del mismo. También lo fue del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), cuando la antigua organización cambió de nombres durante la década de los ochenta. Finalmente se afilió al Partido de la Revolución Democrática, y más recientemente –por desacuerdos con la política de la actual dirigencia del PRD- se pasó a las filas del Partido del Trabajo. El Dr. López Mendoza formaba parte de la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

            López Mendoza había sido ya presidente municipal en el periodo 1990 – 1992, y candidato a alcalde y a diputado local y federal en varias ocasiones. Como puede apreciarse, se trataba de un militante de izquierda que desde el medio rural de Santa Ana Maya intentaba llevar adelante los proyectos de las diversas organizaciones a las que perteneció. Por lo que se verá en seguida, al parecer esa militancia influyó en la penuria económica a la que fue sometido el municipio en los últimos tiempos.

Un municipio castigado.

            Santa Ana Maya se encuentra al noroeste de Morelia, ya en las lindes de Guanajuato, cerca de la zona de Celaya.  Contra lo que algunos medios nacionales han insinuado, no se trata de un municipio de Tierra Caliente –región que, en el imaginario de dichos medios, parece concentrar todos los problemas del estado. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Santa Ana cuenta con casi 13 000 habitantes. Sin embargo, el Dr. López Mendoza declaró en entrevista a Revolución Tres Punto Cero el 10 de octubre –en el contexto de su huelga de hambre ante el senado- que “hasta en eso nos roban”. Según él, la población del municipio ronda ya las 17 000 personas.

            El “rasuramiento” de la población tendría sentido. El Dr. López Mendoza insinuó que al contar “oficialmente” con menos habitantes, Santa Ana se hacía acreedor a una cantidad menor de recursos federales. Pero ése no era el único de los problemas que justificaban la extrema manifestación del médico y alcalde.

            En la entrevista mencionada, así como en otras concedidas a Fernanda Tapia y Carmen Aristegui, López Mendoza recordó la muy desigual distribución de los recursos fiscales en el país. De cada peso destinado al presupuesto total, solamente el cuatro por ciento –cuatro centavos- se destina al nivel de gobierno municipal. Esto significa que  los 2 445 municipios de México deben repartirse –entre todos- esos cuatro centavos de cada peso del presupuesto anual. Además, no todos los municipios se encuentran en condiciones de hacerse de recursos por sus propios medios con la misma facilidad. Como era de esperarse, aquéllos que cuentan con 50 000 habitantes o menos –municipios rurales e indígenas, claro está- siempre tienen mayores problemas para recaudar lo que concierne al uso del agua y al impuesto predial.

            Pero hay más. Quienes sí que están dispuestos a cobrar puntualmente son organismos tales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y también empresas como TELMEX. No es fácil administrar los muy escasos recursos cuando instancias como éstas, esenciales para el funcionamiento de cualquier municipio, no perdonan. Por otra parte, el gasto municipal se destina mayormente a cubrir meros gastos de nómina –hasta un 70 %. En este último punto, debe destacarse que una buena parte de los funcionarios que cobran en un ayuntamiento cualquiera son delegados federales, impuestos en función de programas que no siempre pueden realizarse. Un absurdo.

            En muy pocas palabras: los municipios en México están sencillamente asfixiados. Una razón fundamental para llevar a cabo su huelga de hambre la expresó el Dr. López Mendoza de esta manera: “no pedimos mucho: que suba de 4 % a 10 % el presupuesto para los municipios”.

            En vista de todo esto, no debiera extrañar la fragilidad institucional que los municipios –especialmente los más pequeños y pobres- experimentan frente a la descomunal amenaza del crimen organizado. Esta situación debiera llevar a una reflexión simple pero importante: ¿tenía razón Felipe Calderón cuando, como solía hacer, insinuaba que la causa mayor del desorden y la violencia imperantes en el país recaía precisamente sobre las autoridades municipales? Sensatamente hablando, ¿podría pedírsele a los gobiernos de lugares como Santa Ana Maya que enfrentaran al crimen con sus exiguos recursos? La responsabilidad histórica de Calderón parece cada vez más difícil de ocultar ante datos como los que proporcionaba el Dr. López Mendoza. Pero no solamente la del expresidente michoacano.

            Por si fuera poco, habría que añadir el extraño hecho de que ciertos municipios eran y son “castigados”, al parecer por razones de simpatías y antipatías políticas. Ricardo Baptista, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), a la cual pertenecía López Mendoza, lo recordó en entrevista con Carmen Aristegui el viernes 8. Baptista indicó que hasta 2011, es decir, hasta el último año del gobierno municipal del PRI, Santa Ana Maya recibía un presupuesto de 49 500 000 pesos. Para 2012 –el primer año del gobierno del Dr. López Mendoza, afiliado al PT- el presupuesto se redujo en 14 millones de pesos. Y la proyección para el 2013 implicaba, respecto a los 49 millones y medio del 2011, otros 11 millones de pesos menos. En total, se trata de 25 millones de pesos de los cuales Santa Ana Maya ha dejado de percibir en los últimos dos años. ¿Acaso sólo por las simpatías del Dr. López Mendoza con MORENA, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador? Podría ser, pues el primer recorte todavía podría achacársele al gobierno de Calderón. Pero el segundo, el de los 11 millones menos para el 2013, es algo que ha ocurrido ya de lleno en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Una manera de indicarle a la población que se abstenga de votar por las opciones políticas “equivocadas”?

            Pero aquí no termina la historia. Los 38 500 000 pesos del presupuesto del 2013 para el municipio de Santa Ana debían repartirse, como se ha indicado ya, en un 70 % para nómina y el restante 30 % para pagos varios a CONAGUA, CFE, TELMEX, etc… No queda claro qué tanto podría restar para obra pública y atención en general a las personas. Si en este panorama más bien escuálido se considera además lo que había que destinar a extorsiones…

Cobros no legales de diverso tipo.

            Ya desde febrero de este año el propio Dr. López Mendoza había alertado, en otra entrevista con Aristegui, de la precaria situación de los municipios más pobres de México. Y también ya desde entonces añadía el escalofriante detalle relativo a los cobros que el crimen organizado, pero también “consultores” presuntamente legales, realizaban a su administración.

            Los “consultores”, al parecer, se presentan en las alcaldías para cobrar por servicios no pedidos de “gestoría” ante el Congreso de la Unión. Según Ricardo Baptista, esto ocurre con ocasión de la asignación de los recursos federales. ¿Quiénes son y a cuenta de qué realizan este extraño trabajo? ¿Cómo es que el Congreso acepta sencillamente su existencia, la cual no aparece contemplada en ninguna parte del proceso legislativo constitucionalmente normado?

            Eso del lado de una extraña sombra de “legalidad”. Del lado de la ilegalidad pura y dura, el crimen organizado exige –según revelación de Baptista en la entrevista antes aludida- un “impuesto” del 10 % por cada obra pública realizada por el municipio, en casos como el de Santa Ana Maya. Eso, desde luego, encarece los costos de toda obra que un ayuntamiento decida emprender. Baptista aclaró a Aristegui la vía que los munícipes deciden seguir en estos casos: de común acuerdo con las empresas proveedoras, elaboran facturas y documentación con precios que ya contemplan el “impuesto” al crimen. Ésa es la única manera de sacar adelante los proyectos. Desde luego, esto equivale a pintar otra raya al tigre: una ilegalidad fiscal para sobrevivir ante la violencia y la extorsión, y también ante la indiferencia de las autoridades federales. Por eso el Dr. López Mendoza decía a su vez que a él lo esperaban “la cárcel o la tumba”. La cárcel por no tener manera de aclarar ante la secretaría de Hacienda, llegado el caso, el manejo de las cuentas municipales. Y la tumba… tal vez por hablar.

La tragedia de un denunciante.

            El 11 de febrero de 2013 el Dr. López Mendoza alertó, en su primera entrevista telefónica con Aristegui, acerca de la situación de los municipios en general y de Santa Ana Maya en particular. Como consecuencia, según reveló Ricardo Baptista el viernes 8 de noviembre, el alcalde habría recibido una primera amenaza grave. Después pasaron los meses, sin que pudiera decirse que el gobierno federal estuviese tomando cartas efectivas en el asunto. La situación llevó a López Mendoza a emprender la huelga de hambre que lo colocó en la escena nacional, del 4 al 22 de octubre y frente a las instalaciones del senado de la República. Fue por entonces que Carmen Aristegui –de nueva cuenta-, Fernanda Tapia y Revolución Tres Punto Cero, entre otros comunicadores y medios, lo entrevistaron para conocer sus motivos y sus puntos de vista.

            El miércoles 6 el Dr. López Mendoza estaba de nuevo en la Ciudad de México, para una reunión de la AALMAC. Ésa fue la última vez que Ricardo Baptista, el director ejecutivo de la asociación, lo vio con vida. Baptista le comentó a Aristegui un detalle inquietante. No bien había concluido su huelga de hambre y regresado a Santa Ana Maya, el Dr. López Mendoza recibió una llamada: la voz del otro lado de la línea le hacía notar que (“ellos”) ya estaban al tanto de los recursos comprometidos por la federación para el apoyo del municipio, y que era momento de cobrar el “impuesto” correspondiente a dichos nuevos recursos. El Dr. López Mendoza habría exclamado ante Baptista: “Pero… ¿quién les dijo?”.

            Después… El mismo miércoles 6, cerca de la media noche, el médico regresaba por fin a casa. No lo dejaron entrar. Su cuerpo y su camioneta aparecieron en un camino guanajuatense durante la mañana del jueves. El viernes fue que Osorio Chong reconoció públicamente que se trataba de un asesinato, desmintiendo desde el más alto nivel la precaria versión del “accidente”. Horas antes, los familiares del Dr. López Mendoza confirmaban que la autopsia realizada por las autoridades de Guanajuato indicaba tortura y muerte por asfixia. El sábado 9 el pueblo de Santa Ana Maya despedía, conmovido e indignado, a su alcalde.

            El Dr. Ygnacio López Mendoza ahora descansa en el pueblo que lo vio nacer hace 61 años. Es uno de los cerca de 50 presidentes municipales ejecutados desde el inicio de la sanguinaria guerra de Felipe Calderón, guerra que el gobierno de Peña Nieto no parece capaz de controlar.  Queda en el aire su última pregunta: y los extorsionadores del crimen organizado… ¿cómo sabían, en pocas horas, de los acuerdos logrados entre el presidente municipal y el gobierno federal? ¿Hasta qué nivel de las autoridades de este país llegan los tentáculos y los oídos de las organizaciones de delincuentes? ¿Es válido seguir concentrando la atención en la responsabilidad de presidentes municipales y funcionarios de ayuntamientos básicamente asfixiados e indefensos?

El Dr. Ygancio López Mendoza durante su huelga de Hambre - Foto: Animal Político

             

Michoacán: el estallido

El anuncio.

            Por lo menos desde el domingo 13 de octubre se sabía. Los grupos de autodefensa de las comunidades de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Aguililla, Coalcomán y otros lugares hablaron de “marchar” sobre Apatzingán para apoyar a sus presuntos pares del lugar. Se hablaba de ocupar la ciudad de la Tierra Caliente michoacana con el objeto de enfrentar al crimen organizado arrebatándole el control de su principal centro de operaciones. La zozobra cundió por la región, mientras el país prestaba atención a otras cosas. Como en otras ocasiones, la increíble incomunicación en la que se encuentra la Tierra Caliente impidió medir las consecuencias del anuncio, a pesar de ser tratado esa misma semana en el programa Punto de partida de Denise Maerker.

La marcha.

            Las cosas llegaron a su punto culminante el sábado 26. En Morelia se supo a través de las redes sociales que algo ocurría en Apatzingán, aunque la información era confusa e incompleta. Mientras personas identificadas como guardias “de autodefensa” despojaban de sus armas a los policías municipales, los grupos de Tepalcatepec, Buenavista y demás poblaciones marchaban detrás de una retroexcavadora. La máquina tenía el propósito, según se dijo, de remover los retenes que pudiesen impedir el paso de las autodefensas… aunque se tratase de retenes del ejército o la policía federal (PF). Alertados por los helicópteros, efectivos del ejército mexicano interceptaron a la marcha de los autodefensas a la altura de la comunidad El Recreo. Ahí se vivieron momentos de tensión.

            Los civiles portaban palos, pistolas y algunos rifles. Según versiones, entre autodefensas y soldados hubo intercambio de palabras e incluso algunos empujones. Finalmente, cerca de la una de la tarde, se acordó que los civiles entraran en Apatzingán desarmados, sólo para hacer una especie de recorrido por el centro de la ciudad y manifestar su apoyo a las acciones de sus colegas locales. El ejército entró junto con las autodefensas, mientras patrullas de la PF hacían recorridos alrededor de la plaza principal. Según videos difundidos en televisión y en las redes sociales, una camioneta provista con un sistema de sonido anunciaba a los pobladores la llegada de las autodefensas en tono casi festivo.

Francotiradores.

            Más tarde se supo por testimonio del doctor José Manuel Mireles –líder del grupo de autodefensa de Tepalcatepec-  que al entrar en el primer cuadro de Apatzingán se notó la presencia de hombres armados en la torre de la iglesia y en algunas azoteas. A pregunta expresa, el comandante militar que acompañaba a las autodefensas dijo que se trataba de efectivos del ejército, que no había nada que temer. Sin embargo, minutos más tarde se produjeron disparos que sembraron el pánico entre los pobladores. Los miembros de las autodefensas iban desarmados, según el acuerdo al que se llegó con el propio ejército antes de entrar en la ciudad. ¿Quién disparó?  Al momento, ni el ejército ni la PF –presentes en la escena- han reportado detención alguna relacionada con este hecho. El reporte oficial habla de un solo herido, un civil que al parecer se encontraba en el lugar observando.

            Reportes no confirmados hablan de enfrentamientos en diferentes zonas de la ciudad, con heridos y tal vez muertos. Una semana más tarde ningún pronunciamiento oficial ha sido emitido al respecto.

Las tortillas y el miedo.

            Poco antes de que se registrara la marcha de los grupos de autodefensa, Apatzingán enfrentaba una peculiar manifestación del miedo: se decía que el crimen organizado amenazaba a las tortillerías para evitar que el producto fuese expedido. El hecho es que durante el fin de semana tuvieron lugar compras de pánico, ante la posibilidad del desabasto.

La respuesta.

            El mismo sábado ya entrada la noche, así como el domingo 27 durante las primeras horas de la madrugada, ocurrió lo que a todas luces resultó ser la respuesta del crimen organizado. Cuatro gasolineras de la ciudad de Morelia, una de Tarímbaro y otra de Apatzingán, fueron atacadas por sujetos armados. Se habló también de una agresión a una gasolinera de Pátzcuaro, pero la información resulta confusa. Sin embargo, la parte principal de la respuesta se concentró en subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

            Individuos armados atacaron con bombas molotov, con ráfagas de metralla o de ambas maneras subestaciones eléctricas en Apatzingán, Sahuayo, Ciudad Hidalgo, Zacapu, Uruapan, Paracho, La Piedad, Zamora, Jacona, Álvaro Obregón, Maravatío, Zitácuaro, Tarímbaro y Morelia. En Apatzingán los problemas con el servicio eléctrico perduraban todavía el martes 29. Se trató evidentemente de un ataque orquestado con cuidado y con la intención de mostrar la capacidad de acción de los hechores. Casi una semana más tarde, el noticiero de Joaquín López Dóriga dio a conocer videos de seguridad rescatados de las subestaciones de Zitácuaro, Zamora y Morelia. En ellos se aprecia un detalle inquietante: los agresores cuentan con entrenamiento táctico, apreciable en sus movimientos y en la manera de portar las armas que llevan. Definitivamente no son aficionados, como algunos asaltantes de joyerías y casas de cambio mostrados a veces en el mismo noticiero.

¿Seis municipios?

            El secretario de gobierno Jaime Mares, así como el propio gobernador Fausto Vallejo, insistieron en los días sucesivos en que el problema está lejos de afectar a todo Michoacán, pues el fenómeno de los grupos de autodefensas se concentra en “cinco o seis municipios”. Además de que la versión en sí misma es bastante cuestionable, los ataques a instalaciones de la CFE son un contundente mentís. Prácticamente toda la geografía michoacana se vio afectada durante las últimas horas del sábado 26 y las primeras del domingo 27. Puede repasarse la lista de dichos ataques:

Morelia: capital del estado, situada en la porción noreste del mismo. No es Tierra Caliente.

Ciudad Hidalgo: una de las principales poblaciones del oriente, cerca ya del Estado de México. No es Tierra Caliente.

Sahuayo: ciudad del noroccidente del estado, casi colindante con Jalisco. No es Tierra Caliente.

Maravatío: la otra población de importancia en las lindes con el Estado de México. No es Tierra Caliente.

Álvaro Obregón: municipio en el que se asienta el aeropuerto internacional de Morelia. No es Tierra Caliente.

Paracho: población de raíz purépecha situada en la entrada de la Meseta. No es Tierra Caliente.

Zamora: la ciudad principal de la cuenca del Río Duero, más bien cercana a Jalisco. No es Tierra Caliente.

Jacona: ciudad vecina a Zamora. No es Tierra Caliente.

Tarímbaro: municipio prácticamente conurbado a Morelia por el norte. No es Tierra Caliente.

La Piedad: ciudad predominantemente ganadera situada en el norte del estado, en la región del Bajío que corresponde a Michoacán. No es Tierra Caliente.

Uruapan: centro geográfico del estado, conocida como la principal región aguacatera del país. Hacia el sur de Uruapan se abre la Tierra Caliente, mientras que al noroeste se entra a la Meseta Purépecha.

Zitácuaro: ciudad de Tierra Caliente, cercana más bien a la frontera con Guerrero.

Las clases altas en peligro.

            El gobernador Fausto Vallejo canceló su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia, programada para la clausura del mismo el domingo 27. Pero ésa no fue la única manera en que la elite michoacana supo de los acontecimientos de las horas anteriores.

            Una de las gasolineras atacadas en Morelia fue la situada en el camino a Santa María, justo a la entrada de la zona en la que se encuentra el Instituto Valladolid y la Universidad Vasco de Quiroga. Por la hora en que ocurrieron los hechos, una importante cantidad de bares y “antros” se encontraban en pleno funcionamiento. La clientela habitual de dichos lugares es la “juventud dorada” moreliana. Pues bien: a pocos metros de donde los muchachos se divertían, los sistemas de seguridad automática de la gasolinera impidieron que el ataque se convirtiera en tragedia. Durante algunas horas, angustiados vecinos y padres de familia intercambiaban mensajes de texto en sus celulares, inquiriendo por lo que pasaba. Se dijo que los atacantes se encontraban, tan quitados de la pena, cenando en el centro comercial de Altozano.

Los muertos.

            El lunes 28  las cosas no mejoraron, al menos en lo que toca a la zozobra y al miedo. Se supo que cayeron abatidos en San José de Chila, cerca de Apatzingán, cinco presuntos sicarios al servicio del crimen organizado. Al parecer se trató de un enfrentamiento con un grupo de autodefensa. El mayor de los muertos contaba con 28 años de edad; el menor, con 16.

            El mismo lunes aparecieron los cadáveres de cinco varones en la región de La Piedad, con señales de haber sido ejecutados. Más tarde se supo que se trataba de jornaleros del estado de Guerrero que trabajaban en los campos de Yurécuaro, un municipio vecino. ¿Confundidos con sicarios de alguna organización rival?

            Pero éstos son los datos oficiales. El doctor Mireles, por su parte, habló en entrevista con Carmen Aristegui de enfrentamientos múltiples y de 23 muertos. Las dudas respecto a las cifras de la muerte en Michoacán siguen en el aire.

La denuncia del obispo.

            Desde el 15 de octubre, monseñor Miguel Patiño –obispo de Apatzingán- había escrito una carta pastoral en la que denunciaba la situación en su diócesis. Textualmente, el padre Patiño declaró entonces que “Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales y cada vez más crece el rumor que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad”. Por desgracia, no hay manera de desmentir al prelado. 

            Y es que una pregunta simple pero terrible flota en el aire: ¿cómo es posible que las autoridades no sean capaces de encontrar y detener a los miembros del crimen organizado, si en Apatzingán y en otros lugares todo mundo sabe dónde se refugian o, sencillamente, dónde viven?