Luisa
María Calderón, senadora por Michoacán y antigua candidata del Partido Acción
Nacional (PAN) a la gubernatura de aquel estado, estremeció a la opinión
pública el pasado 21 de noviembre. Fue ese día que reveló datos y detalles
acerca de una presunta reunión entre miembros de Los Caballeros Templarios y un grupo de legisladores en el propio
Senado de la República. La extraña comitiva recibida por Cocoa, Omar Fayad Meneses, Raúl Morón y Rocío Pineda Gochi –tal vez
entre otros- se habría identificado como parte de la asociación “Michoacanos,
paz y dignidad”. Dicha asociación, de acuerdo con Cocoa -pero también con otras voces, como el sitio de Facebook “Valor por Michoacán”- estaría
vinculada a aquella mafia. La reunión habría ocurrido el día 17 de octubre.
La
respuesta vino por donde no se le esperaba: el miércoles 27, mediante un video
en el sitio YouTube, Servando Gómez La Tuta, líder de los Templarios, aseguró que fue más bien un
representante de Luisa María Calderón quien intentó negociar con ellos en 2011.
Según La Tuta, un hombre llamado
Francisco Girón del Toro habría sido el negociador nombrado por la entonces
candidata del PAN. El dirigente templario lo habría despachado sin acuerdo
alguno. El detalle que viene al caso es que La
Tuta afirma ahí que fue Cocoa y
nadie más quien procuró el apoyo de los mafiosos.
La
réplica de Cocoa y del PAN sólo
requirió unas cuantas horas. Esa misma tarde el presidente del partido y la
senadora declararon en rueda de prensa que el video de YouTube debía interpretarse como una amenaza, y que contenía datos
de los cuales tendrían que tomar nota las autoridades competentes. En fin, toda
esta historia es sólo el último eslabón de una serie de hechos inquietantes que
llevan a preguntarse acerca de los alcances de los tentáculos del crimen
organizado en Michoacán y en México entero. ¿Hasta dónde llega la capacidad de
infiltración de los delincuentes? ¿Qué autoridades o políticos se han visto
involucrados realmente con ellos? ¿Cómo puede esperarse que esas autoridades
combatan eficazmente a quienes tal vez sean sus propios aliados? La clase
política de Michoacán –y de México- es la que debe aclarar estas interrogantes mediante
acciones que restauren la confianza en las instituciones, y no ya con discursos
y declaraciones a la prensa. Pero, ¿cabe esperar semejante cosa, al menos en el
futuro próximo?
Reuniones
en la sierra.
Entre
el 19 y el 22 de noviembre, Ciro Gómez Leyva publicó en Milenio una serie de artículos basados en un informe de
inteligencia hecho llegar al secretario de Seguridad Pública de Michoacán. En
él se relataría que un grupo de miembros del Partido Revolucionario
Institucional se habría reunido, poco antes del inicio de las campañas electorales
de 2011, con parte de la plana mayor de Los
Caballeros Templarios. La reunión habría tenido lugar en Tumbiscatío, y más
precisamente en un rancho de la serranía. Y el grupo de priístas habría sido
encabezado ni más ni menos que por Jesús Reyna, entonces prospecto para
coordinar la campaña –eventualmente victoriosa- de Fausto Vallejo y actual
secretario de Gobierno, así como gobernador interino durante cerca de nueve
meses en el 2013.
Del
lado de los Templarios habría
asistido Saúl Solís El Lince, detenido
hacia finales del mismo 2011, así como el presuntamente difunto Nazario Moreno El Chayo, El Doctor o El Más Loco,
y La Tuta en persona. Según los
artículos de Gómez Leyva, el tema de la reunión habría sido el apoyo que los
“Templarios” brindarían a la campaña de Fausto Vallejo. Las negociaciones
habrían continuado en octubre de ese año, ya con la campaña en marcha. Alguno
de los acuerdos de la reunión consistiría en que Reyna ocupase la Secretaría de
Gobierno… y eventualmente la gubernatura, en caso de ausencia de Vallejo.
Como
era de esperarse, las notas de Milenio
recibieron el correspondiente desmentido por parte del antiguo titular de
Seguridad Pública en Michoacán, Elías Álvarez, y también –indirectamente- por
parte de Jesús Reyna, nuevamente secretario de Gobierno ante el regreso de
Vallejo al poder. Pero a duras penas se apagaba el revuelo cuando Cocoa daba a conocer la insólita reunión
en el Senado. Eso coloca en perspectiva el video de La Tuta. ¿Por qué el interés de los Templarios por entrar en la liza y enfatizar que sólo Cocoa los buscó en el 2011?
Mantas
en los puentes
El
sitio electrónico Changoonga tomó nota de ese detalle y encontró en sus archivos un
reportaje del 29 de noviembre de 2012. El reportaje en cuestión informaba
acerca de la aparición de “narcomantas” en Zitácuaro, Morelia y Salamanca
(Guanajuato), las cuales estaban firmadas por “Los Caballeros Templarios
Guardia Michoacana”, y dirigidas… ¡a Fausto Vallejo, ya para entonces
gobernador! En las mantas se recordaba el apoyo que la organización criminal
habría prestado a la campaña de Vallejo, y se reclamaría –en el ambiguo tono
“amistoso” característico de los Templarios-
la falta de cumplimiento de los acuerdos… ¿de cuáles acuerdos?
La Tuta no recordó ese evento al hablar
del presunto encuentro con el enviado de Luisa María Calderón. Por desgracia,
la nota de hace un año guarda una coherencia inquietante con el informe
–desmentido y todo- que diera a conocer Gómez Leyva en Milenio hace unos días. ¿Qué pueden hacer las autoridades actuales
de Michoacán para deslindarse de semejante situación? La pregunta queda en el
aire.
Pero
el mensaje de las “narcomantas” del 2012 incluye otras afirmaciones peligrosas.
Entre los temas que se le recuerdan al destinatario Vallejo, está la colusión
de los grupos delincuenciales –primero La
Familia y después los propios Templarios-
con lo que ahí se llama “las últimas tres generaciones de gobernantes”. Esa
expresión, también bastante ambigua, podría referirse a las administraciones de
Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y la del propio Fausto, o bien a las de
Víctor Manuel Tinoco Rubí, la de Cárdenas y la de Godoy. En todo caso, hay dos
gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuya
complicidad se insinúa –el de Cárdenas y el de Godoy. Con esto, a la luz de la
tormenta de acusaciones de los últimos
días de este noviembre, resultaría que la clase política entera está enredada
en el asunto… al menos a nivel de los dimes y diretes.
El
pasado que aún golpea
En
las ediciones de Proceso del 3 y el
10 de noviembre, la valiente reportera Anabel Hernández hizo un recuento de
acontecimientos a partir de 2002. Un informe de la Procuraduría General de la
República (PGR), inédito hasta ese momento, daría cuenta de una reunión más,
esta vez entre catorce presidentes municipales michoacanos electos para el
periodo 2008 – 2011 y la delincuencia organizada. La reunión habría tenido como
objeto el cobro de favores realizados durante las –entonces- recientes
campañas.
Pero
el informe abarca otros hechos. Los antecedentes de la actual situación se remontarían,
como se ha dicho ya, hasta el 2002 –año del inicio del gobierno de Cárdenas
Batel. Fue a partir de entonces que el territorio michoacano se convirtió en
campo de batalla entre escisiones del Cártel del Golfo, y específicamente entre
el grupo local La Empresa y los
tristemente célebres Zetas. Más adelante,
en el 2006, La Empresa se convirtió
en La Familia Michoacana, una
organización caracterizada –siempre según el informe de la PGR- por su
capacidad de establecer redes de protección en las cuales se involucrarían
autoridades de los niveles estatal y municipal. Todavía más adelante, la
capacidad de cooptación de La Familia
sería heredada por Los Caballeros
Templarios, surgidos como la escisión mayoritaria del antiguo cártel en
2011 –año del inicio del gobierno de Fausto Vallejo. El panorama no luce
alentador para Michoacán, pues pareciera
que no hay partido político que esté libre de sospecha.
La
triste conclusión es que las autoridades locales no tienen, sencillamente,
capacidad de acción ante grupos que, al menos por lo que parece, habrían encontrado
la manera de meterse por todos lados. Pero entonces, ¿cabría esperar que la
solución provenga del gobierno federal? Esta parte de la historia también es
recordada por Anabel Hernández.
Ya
en su libro Los señores del narco (Grijalbo
– Mondadori, 2010), Hernández daba cuenta de las fuertes sospechas que se
cernían ni más ni menos que sobre el secretario de Seguridad Pública de Felipe
Calderón, Genaro García Luna. Pero en el reportaje del 10 de noviembre el
abanico de sospechas a nivel federal se vuelve más amplio. Ahí se habla de cómo
un legislador (que prefirió guardar el anonimato) entregó en 2006 a José Luis
Santiago Vasconcelos un documento elaborado por ciudadanos michoacanos ya
entonces desesperados. Santiago Vasconcelos era el titular de la Suprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y murió tres
años más tarde: él viajaba en el avión de Juan Camilo Mouriño, el segundo
secretario de Gobernación de Calderón.
¿Qué
contenía el documento? Ni más ni menos que información acerca de domicilios y
hasta teléfonos de miembros de la delincuencia organizada en Michoacán. Por
ejemplo, se hablaba ahí de las casas de seguridad del Chayo Moreno en Morelia, algunas de ellas situadas en exclusivos
fraccionamientos residenciales. También se daba cuenta de los inmuebles de La Tuta en la población de Arteaga. Y
varios otros datos que al menos merecían una investigación preliminar. Santiago
Vasconcelos, quien luego sería conspicuo rival de García Luna en el sexenio
calderonista, se negó a recibir el texto. La pregunta es, desde luego, por qué.
Anabel Hernández sencillamente añade la inferencia obvia: si se hubiese
prestado atención al documento de aquel entonces, se habría evitado en parte la
situación que actualmente azota al estado.
La
actitud de Santiago Vasconcelos, así como las sospechas sobre García Luna –que
merecen una exposición aparte- arrojan sombras al más alto nivel. Ciertamente
tendría que reconocerse que Hernández y el anónimo legislador que le sirve de
fuente tienen razón: una acción preventiva en el 2006 –todavía durante el
gobierno de Vicente Fox- habría influido en algún sentido, acaso favorable,
sobre el destino de Michoacán y del país. Pero eso no ocurrió. El problema es
que el panorama que se sigue de todo esto es tenebroso: voltear a ver a la
autoridad federal no tiene por qué resultar una esperanza para los habitantes
del sufrido estado. Y la actual administración, encabezada por Enrique Peña
Nieto, ha seguido hasta ahora una “estrategia” más parecida a la del avestruz
que oculta la cabeza que a otra cosa.
No
será fácil restaurar la confianza en la clase política después de todo esto.
Basta el ambiente generalizado de sospecha para poner en entredicho cualquier
cosa que los miembros de los partidos –o los gobernantes en general- declaren o
hagan. El problema de la delincuencia y la violencia en Michoacán parece cada
vez más un asunto de cirugía mayor. Pero, al parecer, tendría que ser el propio
Estado mexicano el que se someta a ella, no sólo tal o tal municipio o tal o
tal entidad federativa.
Las notas en la prensa mexicana:
